En los primeros años del siglo XX, Brasil y Argentina se vieron envueltos en una carrera armamentística naval que tenía como finalidad el predominio de la región. Esta supremacía podía servir en el hipotético caso de una disputa armada entre ambas naciones, lo cual tuvo una alta cuota de probabilidad por las acusaciones cruzadas entre funcionarios de los países, aunque el caso más significativo fue el del canciller brasilero Río Branco y el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Estanislao Zeballos durante la primera década del siglo.

En año 1906, Brasil adjudicó al astillero inglés Armstrong el contrato para la construcción de los acorazados Minas Gerais y Sao Paulo. Estos buques fueron entregados a su comprador en 1910. Mientras tanto, en Argentina una luz de alarma se encendió entre grupos de políticos, intelectuales y periodísticos. Estos sectores exigieron al presidente José Figueroa Alcorta y al Congreso que tomaran cartas en el asunto. El conjunto de presiones, junto a cruces epistolares de las cancillerías sobre los intereses de ambos países sobre Uruguay, Bolivia y Paraguay, conformaron un mapa regional complejo susceptible de ser modificado radicalmente con una confrontación bélica. Brasil acusaba a los grupos dirigenciales argentinos de tener pretensiones de restaurar el Virreinato del Río de la Plata, mientras que la Argentina desconfiaba de los fines que tenía el Brasil con la modernización de su flota.

Para contrarrestar las medidas adoptadas por el país vecino, se conformó una comisión asesora presidida por el ministro de Marina contralmirante Onofre Betbeder, e integrada por el contralmirante Manuel Domecq García, vicealmirante Enrique Howard, capitán de navío Félix Dufuorq, almirante Rafael Blanco y capitán de navío Juan P. Sáenz Valiente entre otros. Esta Junta elevó al Congreso en julio de 1907 un estudio comparativo donde se vio reflejado el poderío naval del Brasil y las falencias de nuestra escuadra, así también una serie de sugerencias vinculadas al tipo de buques que era necesario comprar a corto plazo y el presupuesto necesario para tal fin.




A consecuencia de las conclusiones del personal de la Marina de Guerra junto a la difusión del problema por el diario La Prensa y grupos liderados por el ex ministro Zeballos, el poder Ejecutivo elevó un proyecto de ley para la compra de nuevas unidades navales y armamento. El debate que se produjo en la Cámara de Diputados fue arduo, siendo el abogado Luis María Drago el exponente de la postura anti armamentística junto al bloque de políticos socialistas. Entre sus argumentos estaba la necesidad de poblar el país, no arrastrarla a una guerra con fines expansionistas. También propuso la desviación de los recursos dirigidos a los nuevos buques hacia otros sectores de la administración nacional.

En las antípodas de este pensamiento estaba el abogado Estanislao Zeballos, quien fue tres veces ministro de Relaciones Exteriores y tuvo una masiva llegada a los grupos dirigentes y público ilustrado de la época. Durante su dilatada trayectoria política fue un firme defensor de los intereses nacionales frente a las potencias y países limítrofes, desarrollando un profuso corpus bibliográfico en el que sostuvo las virtudes de la Nación Argentina en detrimento de sus vecinos, a quienes los veía con serias ambiciones sobre nuestro territorio. Su discurso llegó a un punto que provocó tensiones diplomáticas con varios países, especialmente con Brasil. Por este motivo tuvo que renunciar al ministerio meses antes del debate de la Ley de Armamento, aunque siguió influyendo en intelectuales y políticos.

El apoyo de la Cámara de Senadores se vio frenado por algunas limitaciones que pretendía poner la Cámara de Diputados, la cual rechazó dos veces el mencionado proyecto. Este, al ser aprobado por los dos tercios del bloque de Senadores, fue promulgado el 17 de diciembre de 1908 por el Poder Ejecutivo como la Ley de Armamento Naval Nº 6283.

Este fue el marco legal que habilitó la adquisición de los acorazados Rivadavia y Moreno junto a otros buques de menor porte, incorporaciones que situaron a nuestro país como una potencia naval indiscutible en Sudamérica.